El exabogado denuncia el autoritarismo de Podemos: «O aceptas o estás fuera»

En las dos últimas semanas la Justicia parece haberse puesto del lado de José Manuel Calvente. El impulso que ha dado un juez de Madrid a su denuncia ante la Guardia Civil sobre presuntas irregularidades contables en Podemos y el archivo de la querella que una compañera del equipo jurídico del partido presentó contra él por acoso suponen un balón de oxígeno para el letrado que Pablo Iglesias purgó en diciembre pasado por negarse a comulgar con actuaciones que los Tribunales dirán si se ajustaron o no a la legalidad.

Lejos de arredrarse, Calvente ratificó el miércoles su denuncia ante el juez de instrucción número 42 de Madrid. Lo hizo por videoconferencia desde Barcelona, durante tres horas, en las que juez y fiscal tuvieron la oportunidad de escuchar el rosario de irregularidades que el abogado dice haber constatado durante su paso por la formación morada, actuaciones de las que advirtió a la dirección del partido que, lejos de corregirlas, optó «por mirar hacia otro lado» y quitárselo de en medio junto a su compañera Mónica Carmona, la responsable del cumplimiento normativo.

Desde su refugio veraniego en un pueblo de Cataluña Calvente habla con ABC. Se muestra tranquilo, con la satisfacción del deber cumplido al encontrarse todos los asuntos ya en manos de quien, como buen jurista, confía: la justicia, esa que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, vapulea cuando no le da la razón, la misma que le ha pedido mesura ante sus ataques a la independencia judicial. «He sido fiel a mis principios, a mi verdad», dice el letrado, sosegado.

No hay en Calvente ánimo de venganza por lo que considera un despido injusto por parte de una formación que, pese a lo que predica, «no respeta los derechos de las personas». Quiere justicia, que se sepa la verdad y que afloren las contradicciones de un partido que hoy califica de «autoritario». Así, sin tapujos, lo tildó el miércoles también ante el juez.

«Podemos quiere gente que diga que sí aunque sea ilegal. No puedes cuestionar nada: o aceptas o estás fuera». Y esto es precisamente lo que dice que ha sucedido con su compañera Mónica Carmona y con él mismo. Se considera víctima de un «montaje», el del acoso sexual, para justificar «un despido improcedente» que se saldó, a diferencia de lo que dice Podemos, sin ningún procedimiento disciplinario contra él, apunta. A las bravas. Y es que el exletrado denuncia un plan del «núcleo duro» de esta formación que se habría puesto en marcha en las elecciones municipales de 2019 para hacerse con el control del equipo legal, territorios y finanzas. «Si tienes ese control lo tienes todo», confiesa Calvente.

Y algo de «luchas de poder internas» debía haber cuando la juez que archivó la querella por acoso contra el abogado aludió a la «situación de conflicto extremo» a la que se había llegado dentro del partido. «Este conflicto, que no fue resuelto adecuadamente, culminó con la desaparición del equipo existente (…) y se han interpuesto denuncias o querellas cruzadas en vía judicial», señala la magistrada. Prueba de ello son los momentos de «tensión» que se vivieron en la declaración judicial del miércoles cuando el letrado personado en representación de Podemos intentó deslegitimar las acusaciones del exabogado sobre las irregularidades atribuyendo todo a una venganza de quien se siente herido.

Puede –es humano– que este «elemento subjetivo» haya movido a Calvente, pero los hechos denunciados son los que son y los que la justicia someterá a su escrutinio: pagos sin partidas presupuestarias, adjudicaciones anteriores a las licitaciones, un fondo de solidaridad que operaba como una caja B, ajeno al control tributario o empresas «pantalla» de dudosa reputación. Una mezcla explosiva que se puede traducir en una acusación formal de malversación que complicaría el futuro político de quien pretende seguir sentado en La Moncloa como vicepresidente segundo.

El escolta de Montero
Calvente asegura que puso en conocimiento de la dirección del partido las irregularidades con el fin de que se corrigieran, y que también lo hizo Carmona –que hasta pidió explicaciones del escolta privado de Irene Montero–, pero la respuesta para ambos fue el silencio. Para entonces ya se había producido también un cambio en la estrategia legal del caso Dina, que si bien se había planteado en sus inicios como una causa en la que Podemos debía mantenerse al margen y que fuera la propia exasesora de Iglesias –Dina Bousselham– la que denunciara el robo de su móvil como «particular», después dio un giro, dice Calvente, en el que el partido entró de lleno y se subió al carro del victimismo de las «cloacas del Estado». Fue el propio Calvente el que incluso antes de que esta causa se judicializara denunció la relación poco profesional de la abogada Marta Flor con el fiscal del caso, Ignacio Stampa, hoy objeto de diligencias de investigación por parte de la propia Fiscalía por presunta revelación de secretos.

Calvente no apunta a nadie como responsable penal de los hechos. Eso tendrá que decidirlo el juez. Él sí ve claras responsabilidades políticas por parte de quien tuvo en sus manos la organización del partido y «miró para otro lado». Esa culpa «in vigilando» que se atribuía a Aguirre con el PP de Madrid. Con la querella por acoso archivada, Calvente dice con ironía que ahora espera que la «humildad, «inteligencia y el saber reconocer errores» que caracterizan a Iglesias le lleven a pedir disculpas.

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